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Se agudiza conflicto por instalación de gobierno paralelo popular en Cochabamba

Se agudiza conflicto por instalación de  gobierno paralelo popular en Cochabamba

El MAS pierde el control de sus grupos mas radicales

17 de enero de 2007, 10:40 AM

LA PAZ (AFP) - El anuncio de grupos sociales de crear un gobierno paralelo en reemplazo del gobernador de Cochabamba (centro) pone en aprietos al presidente de Bolivia, Evo Morales, que parece haber perdido el control sobre un movimiento que lo apoya pero que en este caso desacata su autoridad.

Horas después de que grupos políticos vinculados a la estatal Universidad de San Simón y a la Central Obrera instalaran de facto un gobierno "popular revolucionario", el gobierno advirtió el miércoles que no reconocerá sino al gobernador Manfred Reyes Villa, como prefecto del convulso departamento de Cochabamba, sacudido las últimas dos semanas por movilizaciones de cocaleros.

"No reconocemos a ningún prefecto (gobernador) que no sea Manfred Reyes Villa", afirmó el portavoz presidencial Alex Contreras, luego de denunciar que fueron "grupos radicales" los que se proclamaron como un gobierno en ese departamento.

Desde hace más de diez días indígenas, cocaleros y mineros piden la salida de Reyes Villa por haber propuesto un referendo autonómico a lo cual se opone el presidente Morales.

Pero las protestas buscaban que el gobernador dejara en manos del Consejo de Administración -una suerte de Legislativo regional- la facultad para designar a su sucesor. En medio de esa agitación los radicales degeneraron el cabildo hasta juramentar a un gobierno regional de facto.

El ex guerrillero Tiburcio Herradas Lamas, conocido como 'Comandante Loro', líder de un grupo irregular autodenominado Ejército Dignidad Nacional (EDN), se puso a la cabeza del departamento, lo que generó una ola de rechazo desde el gobierno de Morales hasta las gobernaciones departamentales.

"Lo decimos en forma transparente que grupos radicales han sobrepasado la dirigencia (cocalera y campesina) en el Cabildo", deploró Contreras al tiempo de exculpar a los cocaleros que ya "están retornando a sus comunidades y no se ha destituido en ningún momento al señor Reyes Villa".

El vicepresidente Alvaro García ratificó que el Gobierno "ha definido, definió antes y seguirá definiendo respeto de los resultados y la elección de las autoridades democráticamente elegidas".

En tanto Reyes Villa, que temeroso de regresar a su ciudad oscilaba entre Santa Cruz y La Paz, insistió en que no dimitirá a pesar de la presión y violencia desatadas en su distrito.

En momentos en que Cochabamba recobraba la normalidad tras el repliegue de cocaleros y campesinos, Reyes Villa ratificó en un mensaje a la nación su decisión "de no renunciar porque provocaría más luto en el país y es mi deber el responder al mandato que el pueblo me ha encomendado".

 

El gobierno de Morales le instó a retornar lo antes posible a Cochabamba y reasumir sus funciones.

Según analistas, para el Gobierno es importante apoyar a Reyes Villa pues comprende que la presión vía movilizaciones y cabildos sobre prefectos opositores podría cobrar un efecto de boomerag contra el mismo mandatario.

Según el prefecto opositor de Santa Cruz, Rubén Costas, "estaría en riesgo la misma Presidencia de la República" si legitima tal procedimiento antidemocrático de censura de la gestión pública.

"Si allá (en Cochabamba) se juntaron 30.000 personas, acá en Santa Cruz (en un cabildo proautonómico en diciembre) hubo un millón que determinaron que en el momento en que se dé un golpe como se está queriendo hacer con el prefecto Reyes Villa o el prefecto José Luis Paredes (en La Paz), en ese mismo momento se demandaría" la eventual renuncia del primer mandatario, dijo Costas.

Francisco Navajas, titular de una organización civil de Tarija, departamento opositor a Morales, estimó que el Ejecutivo "se ha dado cuenta que está jugando con fuego y se está quemando".

La posición gubernamental dio también respaldo al Prefecto de La Paz, José Luis Paredes, hostigado por la Central Obrera de la ciudad de El Alto, que demanda su dimisión por su filiación al bloque de regiones proautonomistas en Bolivia.

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