Ich erzälte dir dass ich Angst hate und du antwortetest mir dass ich mir keine Sorge machen muss...
Ich fragte dich, warum? du sagtest: "weil du mich hast" und das war genug, genug um mich vorwärts zu bewegen...

EMPATE Y REFORMA POLITICA

Roberto Laserna

En los análisis de la situación que vive el país en los últimos años se hace referencia al empate como una característica fundamental. Y se suele afirmar, además, que se trata de un empate entre fuerzas y visiones políticas que no son solamente diferentes sino incluso antagónicas, lo que explicaría la calificación de “catastrófico” que se tiende a asociar a este empate: ninguno puede imponerse al otro, ni convencerlo, y por ello ambas fuerzas tienden a enfrentarse con el riesgo de que se destruyan mutuamente y lleven al país al colapso.

Es indudable que hay un empate, pero es muy discutible que se trate de un empate entre dos visiones de país. El empate es de fuerzas y de poder, pero no es tan evidente que las fuerzas confrontadas tengan una visión claramente definida del país que quieren y mucho menos que esas visiones sean antagónicas y excluyentes.

No se trata de ignorar diferencias, que las hay, pero hay razones para creer que los antagonismos están basados más en lo que cada parte cree que el otro quiere, y no en una conciencia clara y explícita de lo que cada uno realmente quiere.

Para empezar, en el MAS hay varias visiones de país y no todas son compatibles o convergentes. Basta revisar el proyecto de Constitución aprobado en Oruro para comprobarlo, y más aún cuando se incluye en el análisis la formulación del Plan Nacional de Desarrollo y las iniciativas de política que ha planteado el gobierno en sus casi tres años de gestión. Y en la oposición también hay varias visiones: los estatutos autonómicos son una aproximación pero hay una parte de la oposición que no se reconoce en ellos aunque los apoya por táctica política.

Lo que en realidad parece estar en el núcleo del empate es el control de los recursos provenientes de la explotación de la naturaleza. El gobierno central quiere controlarlos para llevar a cabo un proceso de desarrollo planificado desde el centro, porque está convencido de que de esa manera va a servir mejor a la ciudadanía, y los gobiernos departamentales quieren controlarlos para impulsar un proceso descentralizado, autonómico, porque está convencido de que es así como puede servir mejor a la ciudadanía. Y están dispuestos a entrar en esa disputa los gobiernos municipales, con el mismo argumento.

Es indudable que la experiencia centralista ha sido negativa y es probable que la descentralista y localista lo sea menos, pero ambas son medios, no fines, son procedimientos, no visiones, y ninguna se plantea el derecho que tiene la ciudadanía a ser protagonista de su propio desarrollo. Todas se atribuyen la representación de la ciudadanía y se autodefinen como su mejor expresión. Sin embargo, todas las experiencias exitosas en el mundo, son aquellas en las que el desarrollo lo hizo la gente, desde su iniciativa y respondiendo a los incentivos de la economía.

Desde este punto de vista, es posible lograr el desempate, y la manera más directa es haciendo desaparecer el objeto de la disputa, es decir, evitando que las rentas sean concentradas en las burocracias y dándole a la gente la oportunidad y la responsabilidad de utilizarlas para su propio bienestar. Cuando la gente, además del poder del voto, tenga el poder del gasto, las burocracias dejarán de pelear entre sí y volcarán su atención hacia el ciudadano, para convencerlo de que pague impuestos y confíe en ellas. Además de reducir la conflictividad, esto tendría impactos transformadores profundos, porque desataría las iniciativas de los ciudadanos en vez de que sigan adormecidas por promesas o distraídas por disputas interminables e inútiles. Sólo entonces surgirán las visiones de país que ahora, con mucha bondad, apenas suponemos que existen.

© www.columnistas.net

Publicado en La Razón, Los Tiempos y El Potosí el 9 de septiembre de 2008

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EL PODER DE LAS REGIONES

Roberto Laserna

En memoria de Chacho Justiniano

El poder de las regiones produjo la democracia en los 80 y resurge ahora para defenderla. Aunque algo exagerada, por omitir detalles y matices, esta afirmación es fundamentalmente cierta. Cuando los comités cívicos rechazaron a García Meza y reivindicaron la Constitución Política del Estado como referencia política en 1981, inclinaron definitivamente la balanza a favor de la democracia. Ese mismo poder parece emerger ahora para preservar lo avanzado en derechos humanos y en instituciones de protección a los derechos civiles y a las libertades económicas y políticas de los bolivianos.

Hasta la reconquista de la democracia, lograda finalmente en 1982, la resistencia a las dictaduras, heroica y tenaz como la de los sindicatos, apenas lograba reemplazar a uno por otro caudillo, casi siempre militar. En la confusión ideológica de una izquierda que ya entonces no distinguía entre nación, Estado y pueblo, la democracia solamente tenía lugar como un episodio pasajero, una coyuntura que permitía ganar fuerzas para tomar, como se decía, el cielo por asalto, y degollar al enemigo.

Los comités cívicos

Las fuerzas regionales, organizadas en torno a los comités cívicos, fueron convirtiéndolos poco a poco en verdaderos espacios de concertación, donde empresarios y obreros, profesionales y sindicalistas, hombres y mujeres inquietos y comprometidos con sus comunidades, podían eludir la persistente represión política y debatir acerca del desarrollo, la relación entre economía y política, los desafíos de la pobreza y de la exclusión. Así, los comités cívicos, que en muchos casos nacieron bajo el impulso de las élites y bajo la protección de grupos locales de poder, fueron ampliándose, incluyendo a otros sectores y ganando vida democrática. Al hacerlo, obligados por el carácter regional de su discurso, fueron también ampliando sus demandas y reivindicaciones.

Este proceso fue lento en los años 50, dominados por el MNR y su fuerte vinculación con los sindicatos obreros y campesinos, pero se hizo muy intenso y nítido en el septenio banzerista (1971-1978), que reprimió toda forma de organización social menos la que se cobijaba en los comités cívicos.

Había entonces, por supuesto, una relación de mutua conveniencia. Al gobierno de Banzer le interesaba tener válvulas que aliviaran la presión, y a los comités les convenía ser reconocidos como interlocutores en la toma de decisiones. Pero no hubo manipulación ni control. De hecho, fue un mal cálculo de Arce Gómez el que marcó el vuelque definitivo de los comités hacia la democracia. Quiso aglutinarlos en un comité cívico nacional ofreciéndoles compartir el poder a cambio de renunciar a su independencia, y lo que obtuvo fue un valiente portazo del único prefecto civil de entonces, el dirigente cívico cruceño Oscar Román Vaca, en cuyo militante anticomunismo confiaban García Meza y Arce Gómez para manejar al resto. Grave error, Román Vaca no estaba dispuesto a venderse al centralismo bajo ningún pretexto.

Constitucionalismo emergente

Poco después eligieron presidente del Comité Cívico en Santa Cruz a Percy Fernández, y su principal acto fue publicar la Constitución Política del Estado de 1967 y exigir su cumplimiento. Lo justificó apelando a los artículos 109 y 110 que disponían la descentralización política y administrativa, aprobada en referéndum nacional en 1931 pero nunca aplicada. Quien leía esos artículos leía también los otros, y muy rápidamente el hecho de apelar a la Constitución se convirtió en un gesto de rebeldía frente a una dictadura que no solamente la había reemplazado por un estatuto militar, sino que pisoteó los derechos humanos y golpeó con violencia a miles de ciudadanos.

La demanda por la descentralización animó el debate político, aportando con una propuesta específica a la lucha por la democracia. Ésta dejó de ser un simple peldaño en la lucha de los sindicatos o una reivindicación defensiva de los políticos, y empezó a tener un contenido institucional concreto, una propuesta específica de reforma del Estado. Descentralizar el poder era democratizar su ejercicio cotidiano, algo mucho más profundo y duradero que el mero ejercicio electoral.

Con la bandera de la descentralización y en torno a los comités cívicos, amplios grupos de empresarios, profesionales y sectores de clase media se unieron a los grupos obreros y campesinos que luchaban por la democracia, y le dieron a ésta una nueva vitalidad.

El gobierno de Siles Zuazo esquivó como pudo la demanda descentralizadora, y nunca dejó de sentirse amenazado por los comités cívicos. Cada reunión que celebraban sus dirigentes era interpretada como preludio de un posible golpe, y cuando se planteaba con fuerza la descentralización se recuperaba el fantasma del separatismo. En el gobierno de Paz Estenssoro se canalizó la demanda hacia las municipalidades, convocándose a elecciones y creando espacios políticos locales en torno a los Concejos Municipales. En la gestión de Paz Zamora volvió a plantearse con fuerza la descentralización y aparentemente el gobierno MIR-ADN estaba de acuerdo. Se formó una comisión cívica y multipartidaria para concertar un proyecto de Ley que llegó a aprobarse en grande en el Senado. Como alguien dijo entonces, si no quieres tomar una decisión, manda el tema a una comisión.

El gobierno Sánchez de Lozada-Cárdenas retomó el tema, canalizándolo hacia una radical y profunda reforma municipal que transfirió recursos y poder a las alcaldías, ampliando al mismo tiempo los mecanismos de participación ciudadana en ellas. Pero la descentralización departamental encontró un candado en la reforma constitucional pactada entonces, pues se avanzaron detalles reglamentarios que en los hechos limitaron el papel político de las prefecturas a simples bisagras entre el gobierno nacional y los municipales. Esto fue ratificado por una Ley de Descentralización.

Los comités cívicos, como otras organizaciones sociales, habían sido desplazados de la arena política, institucionalizada en el parlamento, los consejos departamentales y los concejos municipales, que era ocupada por los partidos. Hasta que sobrevino la crisis de los partidos, animada tanto por sus pugnas y errores como por el embate contestatario que las aprovechó con eficiencia, y volvieron entonces las organizaciones sociales al centro de la arena.

Autonomía ya!

La descentralización aludía a un espectro amplio de situaciones y se prestaba a múltiples interpretaciones, tal como se lo había podido comprobar entre 1981 y 1995. Por eso, cuando volvió a plantearse, se lo hizo con un nuevo ropaje: autonomía. Ella proporciona, además, una imagen mucho más atractiva y vigorosa de lo que se desea, y ajusta la idea de la descentralización a un modelo institucional mucho más preciso.

El camino recorrido en estos últimos años está fresco en la memoria y no hace falta referirlo. Están los nuevos estudios sobre viabilidad de las autonomías, los proyectos formulados, el referéndum, los cabildos y, ahora, los proyectos de estatutos autonómicos. Como hace un cuarto de siglo, la demanda nace de Santa Cruz, cuenta con un amplio y fuerte respaldo de fuerzas regionales, y se postula como un proyecto de realización de la democracia.

Es cierto que a momentos da la impresión de que la autonomía es una trinchera defensiva que erigen las fuerzas más liberales del país, asentadas en las regiones más abiertas y donde se ha desarrollado una economía de mercado más integrada y, por tanto, parece sobre todo una estrategia coyuntural destinada a evitar el avasallamiento estatista que anima a una fracción del gobierno. Es posible que algo de eso tenga. Pero cuando se recuerda, como lo hemos hecho acá, la historia política de la autonomía, no hay lugar a engaño. Esta demanda tiene raíces muy profundas y una genealogía y proyecciones que son auténticamente democráticas.

A mayor descentralización, mayor democracia, decíamos en los 80. La experiencia de los municipios ya nos lo demostró, pero ha resultado insuficiente para desalentar la tentación autoritaria y centralista que parece intrínseca al estatismo. Es indudable que esa tentación está presente en el gobierno actual ya que en el MAS hay por lo menos una fracción importante que tiene vocación totalitaria. Basta observar la desaparición del concepto de república en el proyecto de reforma constitucional que aprobó la mayoría oficialista, y registrar la ampliación de roles al Estado y su definición total, que absorbe incluso la idea de nación, donde antes podía reconocerse la sociedad.

Obviamente, esa no es la única fracción en el MAS, pues de otro modo no se habrían incorporado elementos de populismo indigenista que también socavan la concepción autoritaria y centralista, dando a la gestión de gobierno y a su proyecto constitucional esa imagen desordenada y contradictoria. Pero éstos son elementos que contienen otros riesgos, tan peligrosos como el autoritarismo, porque hacen de las identidades étnicas el fundamento de la organización política, exactamente como lo hizo Toledo en la colonia, exacerbando la discriminación cultural y el racismo.

Las autonomías departamentales, en la medida en que transfieren capacidad de decisión a las sociedades regionales y las reconocen referidas a un territorio, son más abiertas e incluyentes, y encuentran su sostén en la voluntad de las personas, en los ciudadanos, sujetos políticos primordiales y fines últimos de la democracia. Esa es su fuerza y de ahí nace el poder que las regiones muestran hoy.

© columnistas.net (especial para Pulso)

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BOLIVIA: SIN ESTADO NACIONAL

Andrés Soliz Rada

El país está dejando atrás los esfuerzos de 183 años, llenos de luces y sombras, por construir un Estado Nacional aún in constituido, para dar paso a un Estado plurinacional, que reconoce a 36 naciones indígenas. Tal reconocimiento no obedece a demandas de la sociedad. Nadie presenció alguna manifestación callejera o concentración campesina en la que se coreara la consigna “Viva las 36 naciones”. En la guerra del agua de 2000, la muchedumbre enfrentó en Cochabamba a las fuerzas represivas al grito “El Pueblo Unido Jamás Será Vencido”. En la guerra del gas, de 2003, cuyo núcleo fue la ciudad de El Alto y que culminó con la caída del neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL), se venció bajo la consigna “El Alto de Pie Nunca de Rodillas”. En ambos sucesos, la presencia de banderas bolivianas fue abrumadora.

Si alguien hubiera gritado en Cochabamba “Viva los quechuas, abajo los mestizos”, o en El Alto “Los Aymaras de Pie, los Cholos de Rodillas”, habría sido tomado por loco. La Nueva Constitución Política del Estado (NCPE) es un producto exógeno, oxigenado por millonarios desembolsos de ONGs, las que abonaron la disgregación nacional bajo la excusa de legítimas reivindicaciones culturales (Convenio 169 de la OIT , de 1990 y Resolución de la Asamblea de la ONU de 2008). Las culturas indígenas influyeron fuertemente en la sociedad boliviana. La religión católica abandonó la ortodoxia para acuñar cultos a vírgenes mestizas, la medicina occidental se mezcló con recetas tradicionales, al igual que los mejunjes surgidos en la comida casera. El folklore se enriqueció con creaciones indo mestizas, que combinaron inspiraciones del cholaje con acordes precolombinos.

Las uniones legales y extra legales fortalecieron la porosidad social y lograron que la presencia morena en universidades, cargos públicos, Fuerzas Armadas o Policía se tornara creciente. Esta es la línea que debió profundizarse. Evo Morales ha usado el castellano para erradicar el analfabetismo, lo que demuestra que la casi totalidad de la población boliviana habla este idioma. Las ONG dicen que la justicia comunitaria se mantuvo por la ausencia del Estado en poblaciones aisladas. Lo obvio era garantizar esa presencia en vez de imponer, como ocurre ahora, el desbarajuste de 36 “justicias” contradictorias.

Los defensores del caos aducen que no permitirán que la casta criollo-mestiza, continúe con la opresión de los 500 años. Esta es una dulce melodía para los agentes del poder mundial que esperan apoderarse de los territorios indígenas, la biodiversidad y los recursos naturales que contienen. Similar sentimiento es compartido por terratenientes y separatistas de la “media luna”, que exigen convertir a Bolivia en Estado federal bi nacional. Los oligarcas racistas y neoliberales que pululan especialmente en barrios residenciales, que despreciaron a Felipe Quispe y Remedios Loza, a Carlos Palenque y Max Fernández (sus abuelos repudiaron a Isidoro Belzu y Andrés de Santa Cruz y Calahumana), se sienten justificados por el fundamentalismo indígena.

El éxito de separatistas y plurinacionales se asienta en el odio, el caos y el descontrol social. La masacre de campesinos en Pando y la humillación de indígenas en Sucre coexisten con linchamientos impunes, asaltos y cercos al Parlamento, observados por la Policía a prudente distancia. La corrupción alcanza ahora a dirigentes de movimientos sociales empeñados en recaudar fondos para sus organizaciones. La producción de cocaína está en auge. La guerra entre pobres también se acentúa. Cooperativas mineras, formadas por indígenas, son asaltadas por otros indígenas. El odio racial está a flor de piel. El Estado plurinacional avanza incontenible. Pese a todo, se necesita usar los escasos resquicios de la NCPE para seguir buscando la unidad nacional.

Andrés Soliz Rada:

Es un destacado periodista boliviano y experto en el tema de Hidrocarburos. Fue Diputado por CONDEPA y porteriormente el primer ministro de Hidrocarburos del actual gobierno.

Realmente, mi permanencia aquí en Chile durante estos últimos cuatro años coincidió y se ha mantenido, de alguna manera ligada, al trabajo académico y de investigación al que Víctor se ha dedicado, por su parte, durante estos coincidentes cuatro años. Cuando se me invitó a trabajar en el Consulado General de Bolivia, como segundo hombre del equipo de trabajo que se estaba conformando al iniciarse el año 2003, mi primera observación fue que yo no era, precisamente, un experto, ni me había mantenido particularmente ligado al análisis y el estudio del complejo tema de la relación bilateral entre Chile y Bolivia.

Durante más de treinta años de trabajo y ahora veinte años en el servicio exterior de mi país, me había dedicado, prácticamente en forma exclusiva, al tema de la integración. Es decir a la coincidente participación de Bolivia en todos los acuerdos, convenios y tratados regionales y subregionales de integración en los que Bolivia, por su triple proyección hacia el Pacífico, el Plata y la Amazonía, se mantiene indiscutiblemente ligada.

En tal sentido, cuando acepté la delicada responsabilidad de formar parte del equipo de trabajo del Consulado General de Bolivia en Chile, lo hice en el convencimiento de que la solución del problema de la reintegración marítima de Bolivia al Océano Pacífico se inscribía, inequívocamente, en el contexto de la integración.
Esta convicción quedó inscrita, a mediados de los años setenta, con la publicación de un periódico especializado en los temas de la integración latinoamericana, bajo la denominación de: “El Integrador”. Esta quimera se constituyó en un proyecto unipersonal de difusión de los ideales y proyectos integracionistas, en un contexto político que pretendía dejar de lado el ideal integracionista que había empezado a forjarse entre nuestros países, al iniciarse la prometedora década de los años sesenta.

Esta vocación por la integración, que me ha acompañado siempre, la compartí con Víctor Rojas a los dos o tres meses de haber llegado a Chile, fecha en la cual el autor del libro que presentamos hoy, era ya, un profundo conocedor de la historia de Bolivia y Chile, particularmente en todo cuanto se refería al curso de las negociaciones que se habían emprendido para la recuperación del acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico.

Fue en ese contexto y oportunidad que tomé conocimiento de la decisión de Víctor Rojas de abordar este tema para su trabajo de tesis de Magíster.

Esta identidad de un joven historiador chileno, con la problemática de la mediterraneidad de mi país, no pudo dejar de llamarme la atención, particularmente por la modestia y prudencia con la que se refieren a los temas más complejos, quienes conocen la complejidad del tema que están abordando.

Por éstas y otras obvias razones, emprendí la lectura del libro “Chile y Bolivia: limitaciones y obstáculos que inciden en la relación bilateral 1975 – 1990” con mucho interés y al ir comprobando tanto la consistencia como la proyección de los juicios que se iban desarrollando en cada uno de los capítulos del libro, me sentí tentado, en más de una oportunidad, a pasar rápidamente al capítulo de las conclusiones que se iban perfilando. Me felicito de no haber cedido a esa tentación, por cuanto la consistencia de esas conclusiones se encuentra sólidamente respaldada por la lectura de los cinco primeros capítulos del libro de Víctor Rojas.

La claridad y la precisión con la que se exponen y se sustentan las ideas inscritas en este trabajo, hace que su lectura pueda ser fácilmente comprendida por todo aquel que se decida a emprenderla y éste es un mérito adicional que se encuentra en el libro de Víctor, sobre un tema plagado de complejidades e intentos por tergiversar o por forzar la lectura de los acontecimientos históricos a la coincidencia de los mismos con la arraigada visión, plagada de prejuicios, que con demasiada frecuencia se encuentra en la mayoría de los trabajos y estudios en los que se aborda esta temática que ha incidido y seguirá incidiendo, tan determinantemente, en el diario acontecer de la proyección y el desarrollo de Bolivia y Chile.

Con el objeto de que todos los que han concurrido a la presentación de este libro tengan la oportunidad de disfrutarlo y de compartir el propósito del autor, no voy a destacar más que una de las identidades de pensamiento que encuentro reflejadas en esta obra y es la de que “LA INTEGRACIÓN ES LA CLAVE, NO HAY OTRA”. Esta es la convicción a la que llega Víctor Rojas como culminación del análisis de la historia de un período concreto de negociaciones sostenido con uno de los gobiernos que, en forma más gravitante y determinante ha incidido en la historia, no solamente del siglo XX de la República de Chile, sino también en la de los inicios de este nuevo siglo.
Pero el trabajo que presentamos hoy no se circunscribe solamente a la investigación y el análisis de la historia. Víctor Rojas incluye en tu trabajo la formulación de una propuesta realmente consistente y viable para la efectiva y definitiva solución del problema del enclaustramiento geográfico en el que se mantiene Bolivia desde hace 128 años.

Para reafirmar lo que acabo de decir y para invitarlos muy sinceramente a leer todas y cada una de las páginas de este breve y consistente trabajo, quiero referirme con alguna precisión a algunos de los puntos centrales que han llamado particularmente mi atención.

En primera instancia, la afirmación que hace el autor sobre que “Chile no renunciará jamás” a continuar la política que se conoce en Chile como “política boliviana”, a partir de los conceptos claros e indiscutibles, nunca suficientemente reiterados, que sostuvo el Ministro de Relaciones Exteriores y posteriormente Presidente de Chile durante la Guerra del Pacífico, Domingo Santamaría, quien fue categórico al precisar que “no olvidemos que no podemos ahogar a Bolivia, privada de Antofagasta y de todo el litoral que antes poseía hasta el Loa, debemos proporcionarle, por alguna parte, un puerto suyo, una puerta de calle, que le permita entrar al interior sin zozobra, sin pedir venia”.

Otro de los conceptos inscritos en este trabajo y sobre el cual habrá que seguir meditando, es que “se observa como una constante de la política exterior del Estado chileno, buscar una solución” a este problema y si bien el trabajo que comentamos el día de hoy se refiere exclusivamente al período de los años 1975 a 1990, tal como señalé al iniciar estas palabras, el autor ha realizado una extensa investigación que ha abarcado el análisis de las diferentes opciones de solución que se han venido planteando para intentar resolver el problema del enclaustramiento marítimo en el que se ha mantenido a Bolivia.

Asimismo, debo destacar que este trabajo tiene además el mérito de incluir en su análisis no solamente un período de la historia reciente, particularmente dinámico y complejo de la relaciones entre Bolivia y Chile, sino también el de los diferentes actores vecinales que incidieron y seguirán incidiendo determinantemente en el curso de las negociaciones que se decidan emprender entre Bolivia y Chile, para resolver el más que centenario problema que sigue interfiriendo, determinantemente, la consecución de los objetivos de desarrollo ya no solamente de Bolivia, sino también la consecución de los desafíos que Chile se propuesto alcanzar en esta nueva etapa de su desarrollo, como plataforma de las inversiones y el comercio del Asia Pacífico con América del Sur.

Para concluir quiero reiterar que el trabajo de Víctor Rojas, además del mérito de la consistencia y de la rigurosidad en la investigación histórica, muy difícil de lograr en tan pocas páginas, tiene la virtud, adicional, de llegar a la formulación de una propuesta digna de tomarse en cuenta.

En tal sentido, formulo una invitación a leer con atención el libro: “Chile y Bolivia: Limitaciones y obstáculos en la relación bilateral 1975-1990”, que nos entrega hoy Víctor Rojas y le deseo muy sinceramente el mayor de los éxitos en la consecución de las nuevas metas que se ha impuesto, un poco lejos de Valparaíso, Santiago y La Paz, pero hoy la única distancia que nos separa es la de unas teclas de computador, seguiremos en contacto y pendientes del resultado de los nuevos desafíos en los que me asiste el convencimiento que seguiremos coincidiendo.

Gracias Víctor Hernán y mucho éxito.

Quiero con esta imagen plasmar el resultado de lo que actualmente ocurre en Bolivia

Fuente: La Razón, La Paz, 29 de noviembre del 2007.